En nuestro país es muy
triste y desafortunado tener profesionales mediocres, corruptos y delincuentes
con corbata. En este sector tienen una alta influencia sectas como la masonería,
el opusdei, que en algunos casos controlan el poder judicial, la fiscalía y en
los altos rangos de todas las fuerzas militares.
El daño que han hecho al país
y siguen originado es demasiado grande, son delincuentes sin escrúpulos y
protectores de las mafias corruptas y delincuenciales sin límites, han perdido
su estima personal, han perdido ser el ejemplo de su familia y de la sociedad.
El poder judicial es el poder de la injusticia en el Perú, y para ellos con
mucho orgullo ejercen su profesión de la injusticia.
Los gobernantes, parlamentarios
y altos funcionarios del estado que comparten el poder se han encontrado
involucrados y continúan en la actualidad ejerciendo actos despreciables de
corruptos y delincuentes, con pequeñísimas excepciones de gente o profesionales
honestos y honorables.
El Estado Peruano necesita
una restructuración total en todos los organismos de gobierno ahora.
Fuente: La Republica
Miercoles, 02 de mayo de 2012
Controversia por pedido de facultades extraordinarias
para atacar las redes de corrupción que manejan las cortes superiores de
justicia
La oposición, democrática y hasta natural, a la iniciativa del presidente del Poder Judicial, César San Martin para combatir la corrupción judicial pretendería ser utilizada para mellar su gestión y promover otras candidaturas dentro y fuera del sistema judicial.
Esto es lo que piensa una buena parte de los jueces de la Corte Suprema que respaldan a San Martín. El Proyecto de Ley N°424/2011-PJ busca atacar las redes de corrupción judicial que no puede tocar la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que investigan casos individuales.
Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, con la opinión favorable del Ministerio de Justicia y el CNM, y está pendiente de debate y aprobación en el pleno. Si el proyecto es aprobado, va a ser difícil que pueda ser utilizado por San Martín, pues su mandato vence en diciembre próximo, le quedan ocho meses de gestión.
Por esto, dicen los supremos, las declaraciones del ex presidente del PJ, Javier Villa Stein contra el proyecto tendrían como objetivo darle presencia mediatica a una eventual postulación a la Defensoria del Pueblo.
ANTICORRUPCIÓN
El referido proyecto de ley fue discutido y aprobado por la Corte Suprema entre septiembre y octubre del año pasado. En primera votación obtuvo 13 votos a favor y en la segunda votación 14 votos a favor.
La iniciativa legislativa fue presentada al Congreso el 28 de octubre del 2011 y obtuvo opinión favorable de la Comisión de Justicia, el 17 de abril, último.
En esta norma por primera vez se aborda la existencia de mafias organizadas dentro del Poder Judicial, de lo que siempre se habló en los discursos oficiales, pero que nunca se combatió directamente.
Cuando la OCMA o el CNM afecta a uno de sus integrantes rápidamente se recompone con nuevos miembros y sigue para adelante.
En síntesis, dicho proyecto de Ley 424/2011-PJ propone otorgar facultades extraordinarias al presidente del Poder Judicial para por 60 días intervenir una corte superior de justicia, ante un desborde en la corrupción que afecte su normal desarrollo de actividades.
La intervención se iniciaría con una investigación e informe previo de la OCMA y debe ser aprobado por la mayoría absoluta de la Sala Plena de la Corte Suprema.
En uso de las facultades extraordinarias, el presidente del PJ podrá cambiar, rotar y suspender jueces y personal administrativo, quienes podrán apelar a la Sala Plena Suprema o el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancias que vigilarán todo el proceso.
A FAVOR Y EN CONTRA
El proyecto de Ley 424/2011-PJ ha recibido el respaldo del Ministerio de Justicia, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Consorcio Justicia Viva.
En tanto, se han pronunciado en contra la Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia (Jusdem), la asociación civil Projusticia y su director Fernando O'Phelan y los jueces de la Corte Superior de Tumbes.
Los opositores consideran que ya existen mecanismos suficientes para la lucha contra la corrupción judicial y que solo es necesario reforzar a la OCMA.
Además, consideran que el proyecto ofende a los jueces honestos, pues parte del principio que la corrupción desborda en el PJ.
